A propósito del próximo vencimiento para declarar criptomonedas en Venezuela, explicamos los factores más relevantes de estas obligaciones.

Este año, como todos, el ecosistema de bitcoin (BTC) y las criptomonedas se encuentra de frente con la presión fiscal de los Estados. Venezuela no escapa de ello.

En el país caribeño, las personas naturales y empresas usuarias de criptoactivos deben declarar sus tenencias y operaciones de lucro ante la autoridad tributaria, en este caso el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), a menos que estén dispuestos a enfrentar sanciones.

Como reportó CriptoNoticias, quedan dos semanas para que culmine el periodo de declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en Venezuela, en donde resaltan las criptomonedas.

Según lo establecido, se deben reportar las ganancias obtenidas a través de criptomonedas, así como las tenencias en patrimonio. Una norma que aplica a quienes hayan permanecido más de 5 meses en el país y hayan generado ingresos superiores a los 40 USD Tether (USDT).

Más allá de estas declaraciones, en Venezuela existe todo un entramado normativo que ha permitido al gobierno cobrar tributos por el uso de criptomonedas, el cual se remonta a hace más de 6 años.

Por tal motivo, en CriptoNoticias ofrecemos 5 claves para entender todo el universo de los impuestos a las criptomonedas en Venezuela. Veámoslos.

1. Cobro de impuestos en criptomonedas

El primer dato para entender la naturaleza de los impuestos en Venezuela es que ese país ha emitido ordenanzas para que los tributos se pudieran cobrar también en criptomonedas.

Destaca, por ejemplo, el Decreto 3.719, el cual marcó un hito en la política tributaria venezolana al establecer que los sujetos pasivos que realicen operaciones en moneda extranjera o «criptodivisas» deben pagar sus obligaciones en esa misma denominación.

Esta medida, que fue publicada el 28 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.420, busca que el Estado recaude directamente activos con valor de reserva internacional, evitando la erosión del valor tributario causada por la inflación del bolívar.

2. El IGTF y las exenciones estratégicas

Como segundo dato clave para comprender la dinámica impositiva en Venezuela, resalta el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Este es quizás el tributo más presente en el día a día de los venezolanos que usan criptomonedas. A través del Decreto N° 4.647, el gobierno estableció que los pagos realizados con criptoactivos están gravados.

Sin embargo, la clave para el usuario común reside en las exoneraciones: los pagos realizados a personas o negocios que no sean Sujetos Pasivos Especiales (SPE) están exentos. Esto fomenta el uso de criptoactivos en el comercio minorista y entre particulares que no alcanzan el volumen de facturación para ser calificados como contribuyentes especiales por el Seniat.

Otra ruta de exoneración vital es la conversión a bolívares a través del sistema financiero. Si un usuario vende sus BTC en un exchange autorizado por bolívares y luego utiliza esos bolívares para pagar mediante transferencia o tarjeta de débito, la operación no genera el hecho imponible del IGTF sobre el consumo final.

3. Normativa contable BA VEN-NIF 12

En tercer lugar tenemos la aprobación del boletín VEN-NIF 12 por parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV). Este documento dotó al país de un estándar profesional para el registro contable de criptoactivos. La norma se centra en la «tenencia propia», lo que significa que rige para individuos o empresas que tienen el control total de sus llaves privadas en wallets o programas informáticos.

4. Declaración del ISLR para personas naturales y P2P

El cuarto dato clave es la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Este es el compromiso anual más importante para el usuario promedio de criptomonedas en ese país.

Según la normativa vigente para el ejercicio 2025, cualquier persona que resida en el país por más de 183 días y genere ingresos por encima de un umbral mínimo (estimado entre 30 y 40 USDT mensuales) debe declarar. Además, las ganancias obtenidas por la enajenación (venta o intercambio) de activos digitales son rentas territoriales y deben reportarse utilizando el Formulario DPN 25 en su portal electrónico.

5. Sanciones por omisión

Como último dato clave para entender los impuestos en Venezuela es la existencia de sanciones por ignorar las obligaciones tributarias. En general, se corren riesgos económicos que pueden superar con creces cualquier ahorro por evasión.

El Código Orgánico Tributario (COT) establece sanciones severas para la omisión de ingresos o la defraudación fiscal. Las multas pueden oscilar entre el 100% y el 300% del tributo omitido, y en casos donde se detecte dolo o una intención sistemática de ocultar información, el marco legal contempla incluso penas restrictivas de la libertad.

La severidad del sistema se refleja en la figura de los agentes de percepción y los Sujetos Pasivos Especiales. Debido a que las sanciones por no retener o no pagar pueden llegar hasta el 500% del monto, las empresas y agentes difícilmente aceptarán excusas para no aplicar la ley.

Fuente: www.criptonoticias.com